El Condado de Yakima No Detendrá a Personas en Base de Órdenes de Retención del Servicio de Inmigración y Aduanas

Thursday, February 7, 2019

El Condado de Yakima presentó un convenio ayer, el 6 de febrero de 2019, resolviendo las reclamaciones presentadas en su contra en Sanchez-Ochoa. Esto le da seguimiento a un fallo presentado contra el Condado en el caso relacionado de Olivera. Después de más de un año de litigio retando el uso de las ordenes de inmigración por parte del Condado de Yakima, la cárcel del Condado de Yakima cambiará su política sobre la cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas de los EEUU (ICE por sus siglas en ingles). Este cambio en la política persigue los retos a la práctica por parte del condado de detener a personas en la custodia del condado mediante órdenes de retención de inmigración cuando ya ha pasado el plazo en que ellas eran elegibles para ser liberadas de la cárcel, en violación de la Constitución de los EEUU al infringir el derecho de la Cuarta Enmienda de tener libertad de incautación ilegal. Inglés/English

Servicios Legales Columbia y el Proyecto para los Derechos del Inmigrante (NWIRP por sus siglas en inglés) representaron a personas, en ambas acciones Sanchez y Olivera, quienes no pudieron pagar la fianza o no fueron puestos en libertad después de haber pagado la fianza, debido a ordenes de retención de inmigración puestas en ellas bajo la política anterior del Condado de Yakima. Bajo la política anterior, los oficiales del condado presentaban una orden de retención de inmigración en cualquier momento en que los oficiales federales de inmigración les enviaban una orden de "arresto" administrativa. Cuando la persona ya tenía derecho de ser puesta en libertad por el delito estatal, el condado continuaba reteniendo a la persona designándola bajo la custodia de ICE. 

"Las cárceles en el Condado de Yakima y en toda la nación no pueden negar el derecho constitucional a la libertad de una persona a menos que el gobierno haya demostrado causa probable," dijo Alfredo González, un abogado con Servicios Legales Columbia. "Los cuerpos policiales locales no necesitan violar la Constitución y los derechos de las personas para conseguir que nuestras comunidades estén seguras."

En el acuerdo de convenio, el condado se compromete en lo siguiente:

  • El Condado de Yakima no seguirá prolongando la detención de personas quienes ya son elegibles para ser puestas en libertad de la custodia del condado en respuesta a pedidos por parte de las autoridades de inmigración;
  • El Condado de Yakima cesará las transferencias "electrónicas" a la custodia de inmigración y liberará a las personas de la custodia del condado cuando ya tienen derecho de ser puestas en libertad;
  • Yakima no publicará ordenes administrativas de inmigración o de retención en el sitio web de la cárcel del condado, pero confirmará cuando una persona está retenida bajo el contrato con las autoridades federales;
  • El Condado de Yakima acordó pagar un total de $25,000 en daños y honorarios en Sanchez-Ochoa; y
  • Adicionalmente, el Condado de Yakima pagó $157,000 en daños y honorarios en Olivera

El Condado de Yakima continua teniendo un contrato con las autoridades federales permitiendo la retención de personas para propósitos de inmigración cuando dichas personas han sido presentadas físicamente por oficiales de inmigración. El Juez Salvador Mendoza, Jr. anteriormente decidió que el contrato federal no permitía que el Condado transfiriera administrativamente a personas a la custodia de ICE.

"Yo quería hacer una diferencia en la vida de otras personas como yo" dijo el Sr. Antonio Sanchez Ochoa. El resultado de estos retos logra una diferencia para personas quienes se encuentran en la custodia del condado y podría tener repercusiones más amplias a medida que jurisdicciones locales adoptan políticas similares a través del país. El número de personas quienes son entregadas a ICE por parte de la custodia del condado de Yakima probablemente disminuirá, porque el condado ya no aceptará las formas administrativas para detener a personas y tendrá que poner en libertad a las personas cuando pueden pagar su fianza.

"Pensamos que este es un paso importante hacia adelante," dijo Matt Adams, director legal de NWIRP. "Los oficiales de la ciudad y del condado no están autorizados para hacer cumplir las leyes de inmigración y no pueden retener a las personas simplemente porque los oficiales de inmigración se lo piden."

Para más infornation contacte:

Alfredo Gonzalez, Abogado de CLS
509-575-5593 x210, alfredo.gonzalez@columbialegal.org  

Matt Adams, Abogado de NWIRP
206-957-8611, matt@nwirp.org

Adriana Hernandez, Communicaciones de CLS
509-374-9855 x 400, adriana.hernandez@columbialegal.org