El Tribunal Federal Dio la Aprobación Preliminar a un Acuerdo para una Demanda Colectiva por parte de Trabajadores Agrícolas por Prácticas Injustas y Engañosas

Friday, March 10, 2017

YAKIMA – El juez del Tribunal Federal de distrito Stanley A. Bastian dio la aprobación inicial ayer para un acuerdo en una demanda colectiva que requiere que Mercer Canyons pague $1.2 millón para resolver un litigio involucrando a más de 600 trabajadores agrícolas en el Valle Yakima. Los miembros de la clase serán notificados principalmente por el correo y por anuncios en la radio. Los trabajadores tendrán hasta el 30 de junio del 2017 para hacer sus reclamos. (En Inglés)

“Estamos emocionados por el acuerdo y porque el Juez Bastian dio su aprobación preliminar,” dijo Lori Isley, Abogada Directora de Servicios Legales Columbia, quien representa a los trabajadores. “Nuestros clientes trabajan duro para apoyar a sus familias y contribuyen a la economía local, y, después de unos años de litigación, esperamos que los trabajadores finalmente reciban el respeto y la compensación que se merecen.”

Bacilio Ruíz y José Amador, los dos trabajadores que iniciaron la demanda en el 2014, alegan que Mercer Canyons violó las leyes federales y estatales en el 2013 cuando falló en informarles que habían trabajos disponibles en el viñedo que pagaban a $12 la hora. El litigio afirmó que Mercer Canyons engañó a los trabajadores agrícolas locales cuando falló en informarles de los trabajos en el viñedo que pagaban a un nivel más alto bajo el programa de H-2A para trabajadores agrícolas temporarias, y cuando pagaron menos a los que obtuvieron trabajo.

Mercer Canyons, ubicado en Alderdale, WA, es uno de los cultivadores más grandes de fruta y legumbres en la Costa Oeste. Los trabajadores alegaron que Mercer Canyons prometió al gobierno federal que iban a buscar y a contratar trabajadores agrícolas locales para los trabajos en el viñedo que pagaban $12 la hora, y entonces falló en informar a sus empleados previos del viñedo de los trabajos, y también rechazaron a cientos de trabajadores agrícolas locales quienes manejaron a la oficina remota en Alderdale buscando empleo. Sin embargo, Mercer contrató a trabajadores extranjeros de H-2A para hacer el trabajo, a pesar de la ley federal específicamente requiriendo a los empleadores de H-2A que den la preferencia en la contratación a los trabajadores domésticos.

En abril del 2015 el Juez Bastian decretó que el caso pudo proceder como una demanda colectiva, y aprobó a los señores Ruíz y Amador como los representativos de la clase común. Mercer Canyons apeló ese fallo al Noveno Circuito y un panel de tres jueces  ratificaron por unanimidad el decreto del Juez Bastian.

El Juez Bastian programará la audiencia sobre la aprobación final más adelante en el verano.