Yakima, WA – Hoy, el trabajador agrícola Ramón Torres Hernández y su unión, Familias Unidas por la Justicia, AFL-CIO (FUJ), presentaron una demanda y una moción para una orden de restricción temporal (TRO) en un tribunal federal del Distrito Este de Washington contra el Departamento del Trabajo de los EE. UU. (DOL) en relación con las acciones que reducirán drásticamente los salarios de los trabajadores de la cosecha de árboles frutales, quienes normalmente reciben salarios más altos por pieza. En lugar de recibir un aumento en el pago por trabajo peligroso durante la crisis de COVID, los trabajadores agrícolas del estado de Washington podrían ver reducidos sus salarios por realizar trabajos peligrosos y esenciales.
Torres Hernandez y FUJ buscan un remedio declaratorio y un mandato judicial inmediato por el papel del Departamento del Trabajo al interponer arbitrariamente un concepto de “garantía de salario por hora” en las encuestas de salarios predominantes en Washington. La defectuosa metodología de las encuestas, que refleja los cambios defendidos por la industria agrícola, diluyó los salarios reportados por los agricultores; se determinó que el salario predominante era de 12 dólares por hora – 18 dólares menos de lo que el demandante Torres Hernández normalmente gana a destajo recogiendo cerezas por libra.
Si se finaliza y se aprueba su uso en contratos bajo los cuales se contratan trabajadores extranjeros con visas H-2A, habrá una reducción drástica de 20 a 25 dólares por hora al salario mínimo -aproximadamente un 30% menos, según los datos proporcionados tanto por la industria como por los trabajadores. Y si los rancheros pueden contratar trabajadores H-2A para recoger fruta con el salario mínimo, los salarios de todos los trabajadores (incluidos los trabajadores locales) se verán reducidos ya que los rancheros sólo ofrecen el salario más bajo.
“Es un trabajo duro, pero si trabajo rápido, puedo llenar cinco contenedores de cerezas en unas ocho horas y ganar más de 30 dólares por hora”, dijo Torres Hernández. “Si me pagan el salario mínimo en vez de por pieza, perdería más de $3,400 dólares cada año.”
La ley federal prohíbe las prácticas que afectan negativamente a los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos. Por lo tanto, los demandantes piden al Tribunal que impida que el demandado utilice el concepto de garantía de salario por hora en las encuestas salariales de 2019 y 2020. Los demandantes también piden una orden prohibiendo que los demandados aprueben cualquier orden de trabajo H 2A que no incluya un aumento del 5% para todas las actividades a destajo, hasta que se complete una encuesta de salario predominante en Washington que cumpla con la ley federal y que ordene al USDOL que exija ese aumento salarial para todos los contratos ya aprobados.
Los salarios reducidos perjudican a los trabajadores y a sus familias y darán lugar a que menos trabajadores agrícolas domésticos puedan permitirse aceptar estos trabajos. Los empleadores buscarán entonces más trabajadores H-2A, lo que hará que disminuyan aún más los salarios de todos los trabajadores agrícolas, exactamente lo que la ley pretendía evitar.
“Muchos de nuestros miembros tienen familias con niños pequeños”, dijo el presidente de FUJ, Barba Torres. “Aún a precios más altos por pieza, ganan salarios anuales que los ponen en o por debajo de la tasa de pobreza federal. Un 5% menos puede significar que las familias pasen hambre o se queden sin hogar.”
El 10 de diciembre de 2020, el Departamento para la Seguridad del Empleo (ESD) del estado informó a los interesados que tiene la intención de seguir incluyendo el concepto de garantía por hora en la metodología de la encuesta salarial de 2020 y que ese proceso ya está en marcha.
“Aunque la industria agrícola reconoce que las tarifas por pieza son el método común de pago para la cosecha a mano, sus acciones para manipular esta encuesta salarial les benefician al deprimir los salarios en todo el sistema”, dijo Andrea Schmitt de Servicios Legales Columbia, una de las abogadas que representan a los demandantes. “El gobierno federal no debería ayudar a la industria cuando tiene la obligación de proteger a los trabajadores de los EE.UU. de prácticas que bajan los salarios, como el uso de trabajadores extranjeros importados y pagarles menos.”
Los demandantes también están representados en este caso por Kathy Barnard de Barnard Iglitzin & Lavitt LLP.
Contactos
Andrea Schmitt, Abogada
(360) 943-6260 x203, andrea.schmitt@columbialegal.org
Blanca Rodriguez, Abogada
(509) 575-5593 x212, blanca.rodriguez@columbialegal.org,
Charlie McAteer, Comunicaciones
(917) 696-1321, charlie.mcateer@columbialegal.org
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