Tres jóvenes encarcelados en centros de rehabilitación juvenil (JR) en Washington presentaron una demanda para exigir que el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF por sus siglas en inglés) deje de infligir daños físicos y mentales a los jóvenes al mantenerlos esposados en confinamiento solitario durante horas por negarse verbalmente a seguir una orden del personal para cumplir con un registro al desnudo. Los Demandantes, Michael Rogers, Damien Rivera, y Ron Ackerson, presentaron la demanda en su nombre y en el de un grupo potencial de todos los demás jóvenes bajo custodia del DCYF. El incumplimiento verbal de una orden del personal es todo lo que se requiere para desencadenar la restricción inmediata en una celda de aislamiento, lo que significa que potencialmente todos los jóvenes bajo el cuidado del DCYF están en peligro de ser sometidos a esta práctica inhumana e inconstitucional.
Servicios Legales Columbia (CLS, por sus siglas en inglés) tuvo conocimiento de esta práctica nociva por primera vez a través de Michael Rogers, un joven que anteriormente había sido mantenido en aislamiento severo durante meses en el Centro Regional de Justicia de Maleng (MRJC) cuando tenía 17 años. Después de sufrir el trauma de un aislamiento que duró meses en el MRJC, Michael pasó a estar bajo la tutela del DCYF, donde diferentes agentes gubernamentales volvieron a someterle a prácticas brutales. En una ocasión fue aislado con las manos esposadas dolorosamente a la espalda durante más de doce horas. Al igual que Michael, el personal de la escuela Green Hill mantuvo a Ron y Damien esposados en régimen de aislamiento durante horas, negándoles la comida, el agua, las pausas para ir al baño y la ropa de cama para forzar su cumplimiento. Los jóvenes de color están sobrerrepresentados en el sistema de justicia juvenil, lo que significa que se ven afectados de forma desproporcionada por castigos injustos. Los administradores del DCYF no han puesto freno a estas prácticas generalizadas, a pesar de que tienen conocimiento de las mismas desde hace años.
“Cuando pasé por esa experiencia, pensé no sólo en mí, sino en las personas con quienes estoy ahora y en las futuras personas, para que no pasen por esta experiencia que yo viví”, dijo Michael. “Porque es inhumano mantener a alguien esposado a sus espaldas durante doce horas seguidas, sin poder usar el baño, sin poder dormir bien, sin comida ni agua, no quiero que nadie pase por eso.”
“Prácticas como estas son efectos secundarios de un sistema carcelario roto”, dijo Sarah Nagy, una abogada de CLS que representa a los jóvenes. “Cuando los niños y los jóvenes están encerrados y sometidos a una vigilancia constante, este tipo de castigo es inevitable. El problema no es con los jóvenes o su comportamiento, sino con las instituciones que perpetúan el daño.”
El otoño pasado, CLS envió una carta a los funcionarios del DCYF, incluyendo al Secretario Ross Hunter, informándoles sobre esta cruel práctica y pidiéndoles que pusieran fin a la misma para proteger a los jóvenes bajo su cuidado. Aunque respondió a esa carta, hasta la fecha, el Secretario Hunter se ha negado a detener las acciones ilegales que el DCYF está llevando a cabo en la escuela Green Hill. Debido a que los funcionarios estatales se niegan a actuar, a los demandantes no les ha quedado más remedio que acudir a los tribunales en busca de protección.
La demanda, presentada en un tribunal federal, argumenta que el DCYF tiene el deber de mantener sanos y seguros a los jóvenes a su cargo, y que el hecho de que el DCYF no capacite y supervise al personal ni difunda políticas que protejan a los jóvenes constituye una violación de la Octava y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como del Artículo I, secciones 3 y 14 de la Constitución de Washington. Los demandantes buscan certificar una clase de todos los jóvenes detenidos en las instalaciones del DCYF ahora y en el futuro. Como parte de su caso, los demandantes piden al tribunal que ordene al DCYF que ponga fin a la práctica de restringir a los jóvenes en aislamiento como respuesta al incumplimiento verbal de las directivas del personal; que designe a un juez especial para que supervise el cumplimiento por parte del DCYF; y que les conceda una indemnización por el dolor y el sufrimiento que padecieron a manos del personal del DCYF.
Contactos
Sarah Nagy, Abogada
(360) 519-4279, sarah.nagy@columbialegal.org
Adriana Hernandez, Comunicaciones
adriana.hernandez@columbialegal.org
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