Un hombre a quien le cobraron miles de dólares por atención médica de emergencia necesaria que recibió mientras que estaba detenido en el centro de corrección del condado de Kittitas (KCCC) presentó una demanda hoy en el Tribunal Superior del Condado de Yakima contra el condado de Kittitas y oficiales del condado. Robert Lambert, representado por Servicios Legales Columbia y la Asociación de Defensores Públicos (PDA), alega que el Condado violó la ley de Washington cuando la cárcel le cobró por el costo de la atención de emergencia médica necesaria que recibió en el Hospital Kittitas Valley mientras que estaba detenido en el KCCC. La cárcel hizo esto a pesar del hecho que el Sr. Lambert era y sigue siendo indigente, sin ingresos, sin ahorros, y con ninguna manera de pagar miles de dólares en facturas médicas – basado en formularios con texto estándar que se le requirió al Sr. Lambert de firmar al ser fichado afirmando estar de acuerdo en pagar todos los gastos médicos incurridos mientras que estuviese detenido en la cárcel. (English)
Mientras que estaba en la cárcel esperando su juicio, el Sr. Lambert contrajo una infección grave y dolorosa en su pierna que necesitó un transporte al Hospital Kittitas Valley, donde recibió un tratamiento intensivo de antibióticos por varios días. Después de haberse recuperado, KCCC añadió cargos a su cuenta de preso que finalmente totalizaron más de $12,000. El Sr. Lambert presentó varias reclamaciones retando la supuesta deuda. La respuesta de KCCC: “Usted firmó [una] notificación de endeudamiento cuando usted fue fichado reconociendo que sería responsable por los servicios de atención médica proporcionados mientras que esté detenido. Usted también pudo haber rechazado la atención médica….”
“Me sorprendí y me desilusioné cuando supe que supuestamente debía miles de dólares por el tratamiento de una infección que contraje mientras que estuve en la cárcel,” dijo el Sr. Lambert. “Como muchas personas en la cárcel, yo no tenía trabajo, no tenía ahorros, y no tenía ninguna manera de hacer pagos pequeños por esa cantidad que ellos decían que debía. Y mi pierna estaba infectada, y empeorando, y sabía que no iba a mejorar por sí misma. Poner a gente en una situación donde tienen que escoger entre estar enfermos y enfermarse más pero no pedir atención médica porque no pueden pagarla, o recibir atención médica pero tener que pagar miles de dólares que no tienen, eso es injusto.”
Las cárceles de Washington tienen el requisito constitucional de proporcionar atención médica urgente necesaria a las personas encarceladas. Cuando se trata de pagar por ese cuidado, la ley RCW 70.48.130 de Washington describe un sistema de reembolso para las cárceles para recuperar los costos de atención médica proporcionados por proveedores de atención médica fuera de las cárceles – en el caso del Sr. Lambert, el Hospital Kittitas Valley. Como parte del proceso inicial al fichar, las cárceles tienen la obligación de reunir información sobre la capacidad de pago de personas por servicios de atención medica, incluso si tienen seguro médico o no. Pero la ley no permite que responsabilicen a personas indigentes por estos costos médicos cuando no tienen la capacidad de pagar.
En este caso, durante el proceso inicial de ser fichado, KCCC requirió que el Sr. Lambert firmara un formulario de “lo tomas o lo dejas” – una “Notificación de Endeudamiento” – en cual la cárcel se basaba para responsabilizarle personalmente por todos los costos de atención médica incurridos mientras que estaba detenido en la cárcel. El formulario decía que si la cárcel cobraba por gastos de atención médica y él no pagaba, la cuenta se enviaría a una agencia de cobranza.
“El propósito de nuestro sistema judicial penal no debería ser poner a la gente en una situación financiera peor de la que tienen cuando entran en la cárcel,” dijo Kim Gunning, una de las abogadas de Servicios Legales Columbia representando al Sr. Lambert. “Si el Sr. Lambert no hubiera estado en la cárcel cuando su pierna se infectó, probablemente hubiera calificado para asistencia caritativa y/o Apple Health al ir al hospital para el tratamiento, dada su situación financiera,” ella añadió.
“El Estado de Washington tiene una política pública fuerte de asegurar que la incapacidad de pago no sea una barrera para acceder a la atención médica necesaria,” dijo Prachi Dave, abogada con la Asociación de Defensores Públicos, abogada adjunta con Servicios Legales Columbia en este caso. “Cuando cárceles de nuestros condados cobran miles de dólares a personas indigentes por atención médica, eso perjudica esa política pública, y hay un potencial muy real de desalentar a los enfermos de buscar la atención que necesitan.”
El Sr. Lambert y sus abogados esperan que esta demanda envíe un mensaje a otras cárceles de que responsabilizar a las personas indigentes por el costo de la atención médica que reciben mientras que están detenidos en una cárcel del condado, no sólo es injusto, sino que va en contra de la ley.
Contactos
Kim Gunning, Abogada CLS
206-332-7144, kim.gunning@columbialegal.org
Prachi Dave, Abogado PDA
206-392-0050 x701, prachi.dave@defender.org
Charlie McAteer, Comunicaciones CLS
917-696-1321, charlie.mcateer@columbialegal.org
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