Bajo un Proyecto de ley que fue aprobado en la legislatura de Washington el martes, el estado por fin tendrá que tomar pasos para limitar de manera importante el uso de clorpirifós, un plaguicida conocido como dañino para los cerebros humanos –sobre todo los de los niños. El Proyecto de Ley del Senado 6518, cual fue patrocinado por Christine Rolfes, Senadora del Estado de Washington (Demócrata, Distrito 23, Bainbridge Island) ahora está en camino al escritorio del Gobernador Jay Inslee, requiere que el Departamento de Agricultura del Estado de Washington establezca normas de emergencia que aborden los “efectos adversos importantes para la salud” del químico. (English)
Los trabajadores agrícolas y las personas que viven en las comunidades agrícolas, especialmente los niños, se ven desproporcionadamente afectados por este plaguicida tóxico. Además de ser expuestos por los alimentos, es más probable que tengan agua potable contaminada, que estén expuestos a la deriva de los pesticidas en las escuelas y campos vecinos y que estén expuestos en casa cuando los padres que son trabajadores agrícolas regresan del trabajo. Las exposiciones prenatales al clorpirifós están asociadas con bajo peso al nacer, reducción del coeficiente intelectual, pérdida de la memoria de trabajo, trastornos de atención y retraso en el desarrollo motor.
“El reconocimiento del derecho a la salud y a la seguridad de los trabajadores agrícolas en el trabajo y en la comunidad ha sido esencialmente inexistente,” dijo Rosalinda Guillen, Directora Ejecutiva de Comunidad a Comunidad en Bellingham. “Es un paso hacia adelante que el Departamento de Agricultura finalmente tendrá que establecer reglas sobre este químico venenoso a través de un lente de salud humana y será responsable ante la ciencia en este tema.”
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) prohibió el clorpirifós para la mayoría de los usos domésticos en el 2000, y había propuesto la prohibición de todos los usos alimentarios en 2015, citando pruebas de que el pesticida causa daños neurológicos a los niños a bajos niveles de exposición que están muy por debajo de lo que la EPA permite actualmente. Sin embargo, la EPA bajo Trump se negó a prohibir el clorpirifós, diciendo que necesitaba realizar más estudios. Esa decisión es objeto de un desafío judicial en curso por grupos de trabajadores agrícolas, de salud, de derechos civiles y laborales, representados por Earthjustice.
Desde el 2018, California, New York, y Hawaii han tomado medidas para prohibir el producto químico, y en los estados de Maryland, Pennsylvania, Connecticut, y New Jersey están estudiando medidas. El 6 de febrero, 2020, Corteva, Inc., el mayor productor de clorpirifós del país, anunció que detendrá las ventas del producto químico a finales del año.
“Los Estados están liderando el camino para proteger a los trabajadores agrícolas y a los niños de este pesticida neurotóxico y estamos felices de que Washington, con el liderazgo de la Senadora Rolfes, haya tomado este paso,” dijo Laurie Valeriano, Directora Ejecutiva de Toxic-Free Future.
El plaguicida, que se utiliza a menudo bajo el nombre comercial Lorsban, se utiliza en una amplia variedad de cultivos, incluyendo manzanas, cerezas, fresas, maíz y cebollas. “Ya existen alternativas basadas en los ecosistemas para esta sustancia química que no amenazan la salud de los seres humanos y la vida silvestre,” dijo Ashley Chesser, Directora Ejecutiva del Northwest Center for Alternatives to Pesticides (NCAP)). “Podemos hacer algo mejor.”
El proyecto de ley también proporciona fondos para investigar alternativas adicionales al clorpirifós, así como un aumento de la financiación para la educación y la capacitación en materia de seguridad en la aplicación de plaguicidas. Community to Community y NCAP se unieron a Columbia Legal Services, Earthjustice, Toxic-Free Future, y United Farm Workers en una coalición de organizaciones que ayudaron a abogar contra el uso continuado clorpirifós.
Clorpirifós se pronuncia kloɾ.pi.ɾi.ˈfos.
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