Seattle, WA – La semana pasada, María del Rayo Mendoza García (Ms. Mendoza) presentó una demanda contra el Condado de Okanogan por haberla detenido ilegalmente en marzo de 2019. El Condado de Okanogan detuvo a la Sra. Mendoza únicamente en base de una orden de retención solicitada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU., a pesar de decisiones judiciales federales que dejan claro a los oficiales estatales y locales que no tienen autoridad para arrestar o detener a personas para propósitos de inmigración. La Sra. Mendoza está representada por el Proyecto de los Derechos del Inmigrante (NWIRP) y Servicios Legales Columbia (CLS). (English)
La Sra. Mendoza intenta rectificar la decisión por parte del Condado de Okanogan de haber sido detenida aun después que un tribunal estatal ordenó su puesta en libertad inmediata de la cárcel del condado. La Sra. Mendoza fue detenida inicialmente el 18 de marzo de 2019, por un supuesto delito menor. Dos días después, el 20 de marzo de 2019, un Tribunal de Distrito del Condado de Douglas ordenó que la Sra. Mendoza fuera puesta en libertad bajo palabra mientras que su caso continuaba. Pero en vez de ponerla en libertad, el Condado de Okanogan siguió deteniendo a la Sra. Mendoza en base de una orden de retención administrativa solicitada por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en violación de la Constitución de los EE.UU. infringiendo el derecho de la Cuarta Enmienda de no ser sometido a decomisos irrazonables. Específicamente, el Condado de Okanogan notificó a oficiales federales de inmigración que continuarían reteniendo a la Sra. Mendoza en la cárcel del Condado de Okanogan por 48 horas y la entregaron a agentes de inmigración quienes llegaron a la cárcel dos días después. Un juez de inmigración ordenó posteriormente que fuera puesta en libertad.
“El Condado de Okanogan violó los derechos de la Cuarta Enmienda de nuestra clienta cuando la mantuvieron encarcelada en base de una orden de retención de inmigración, puesto que es una solicitud hecha por un oficial de inmigración de bajo nivel sin ninguna supervisión judicial,” dijo Matt Adams, Director Legal del Proyecto de los Derechos del Inmigrante (NWIRP.)
La demanda de la Sra. Mendoza sigue numerosas decisiones de tribunales federales de distrito en Washington y en Oregón que dejan claro que es ilegal que las autoridades locales detengan a personas en base de solicitudes por parte de inmigración. En febrero, el Condado de Yakima llegó a un acuerdo de convenio a raíz de otra demanda conjunta de NWIRP-CLS y acordó cambiar la práctica de retener a personas detenidas por el condado más allá del tiempo en que tenían derecho de ser puestos en libertad por una orden de retención de inmigración. Adicionalmente, la ley estatal de Washington Mantén a Washington Trabajando, que fue convertida en ley en mayo de 2019, prohíbe explícitamente la retención de personas detenidas por parte de agencias policiales locales en base de ordenes de retención como la de este caso.
“Los tribunales federales han reiterado claramente que las agencias gubernamentales estatales y locales no tienen autoridad para hacer cumplir las leyes federales civiles de inmigración,” dijo el abogado de CLS Alfredo González Benítez. “Honrar una orden de retención sin una orden de arresto o motivos fundados es ilegal y las comunidades esperan que los cuerpos policiales locales cumplan con la ley.”
Puede encontrar el enlace a la demanda aquí.
Contactos:
Matt Adams, Abogado de NWIRP
206-957-8611, matt@n wirp.org
Alfredo Gonzalez Benitez, Abogado de CLS
509-575-5593 EXT 210 alfredo.gonzalez@columbialegal.org
Charlie McAteer, CLS Communications
917-696-1321, charlie.mcateer@columbialegal.org
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