CONDADO DE THURSTON, WA – En nuestro duro sistema de encarcelamiento centrado en el castigo, la sociedad aún reconoce que los jóvenes son diferentes a los adultos y que deben ser tratados de manera diferente. Nuestras leyes están empezando a reconocer lentamente que el cerebro sigue desarrollándose de manera crítica hasta por lo menos los 27 años, y los jóvenes involucrados en el sistema legal penal tienen derecho a la protección cuando se trata de su sentencia.

Una ley de 2018 estableció que los niños condenados como adultos en Washington deben permanecer en instalaciones de Rehabilitación Juvenil (JR por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF por sus siglas en inglés), hasta la edad de 25 años. La ley “JR-to-25” reconoce que los jóvenes necesitan acceso a la educación, a programas, a servicios terapéuticos, a un mayor grado de seguridad y, en última instancia, a una mayor posibilidad de reincorporarse con éxito como adultos. Sin embargo, la Escuela Green Hill, un centro JR de la DCYF en Chehalis, WA, transfiere rutinariamente a los jóvenes de su custodia a las prisiones de adultos sin ningún aviso, proceso u oportunidad de impugnar sus transferencias.

Diante Pellum sólo tenía 14 años en el momento de su detención, y 19 cuando finalmente fue condenado tras años de juicio. Según la ley estatal, Diante debía cumplir los primeros años de su condena en un centro de DCYF y fue enviado a la escuela Green Hill de DCYF. A pesar de que le iba bien en Green Hill, cuando Diante se vio involucrado en un altercado con otros residentes, fue trasladado a una prisión de adultos operada por el Departamento de Correcciones sin notificación, sin audiencia y sin la oportunidad de informar a su familia del traslado. Tras varios días sin saber cómo ponerse en contacto con él, la abuela de Diante pidió ayuda a Columbia Legal Services (CLS).

La investigación del caso de Diante reveló numerosos otros casos de jóvenes que fueron trasladados a centros penitenciarios para adultos antes de los 25 años, sin el debido proceso o supervisión, en violación de sus derechos. Como resultado, el viernes 28 de octubre de 2022, CLS y los abogados adjuntos Nicole McGrath y Daniel Norman presentaron una demanda en el condado de Thurston contra el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias en nombre de Diante y de todos los jóvenes en riesgo de estas transferencias ilegales. La abogada de CLS, Laurel Jones, declaró: “nuestro objetivo no es sólo garantizar que Diante y los otros jóvenes que han sido trasladados ilegalmente sean devueltos a los centros de rehabilitación del DCYF, sino que se exija al DCYF que adopte normas y políticas compatibles con las leyes de Washington para garantizar que ningún joven sea trasladado injustamente a prisiones para adultos en el futuro.”

Los jóvenes que terminan bajo la custodia de la JR suelen tener un historial de sobrevivencia frente al abuso, la pobreza, el trauma, el racismo, el trastorno por consumo de sustancias o la enfermedad mental. Tienen pocas razones para creer que su seguridad y bienestar serán protegidos por las autoridades en sus vidas, especialmente durante el encarcelamiento. Estos traslados se aprovechan cruelmente de la probabilidad de que los residentes de JR no sean capaces de buscar justicia por sí mismos. Pero todos merecemos justicia, seguridad y una oportunidad justa, y CLS estará al lado de Diante y de otros que han sido trasladados injustamente.