El juez del Tribunal Federal de Distrito Salvador Mendoza, Jr. emitió una dura reprimenda de 34 páginas contra el Departamento de Trabajo (USDOL) por certificar las tasas de salarios predominantes que resultaron de una encuesta salarial en la que un número significativo de agricultores de manzanas y cerezas de Washington informaron que sólo pagaban el salario mínimo estatal por hora para cosechar la fruta. El juez Mendoza también manifestó su preocupación por el hecho de que el USDOL, que tiene la obligación legal de proteger los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas, ignorara por completo los resultados de las encuestas realizadas a los propios trabajadores agrícolas, que se encuestan para comprobar los salarios declarados por los agricultores. La inmensa mayoría de los trabajadores declararon que se les pagaba a destajo, un método que suele dar lugar a salarios superiores a los 20 dólares por hora para trabajadores agrícolas con experiencia.
“No se puede negar: los empresarios tienen un incentivo para mentir en las encuestas”, escribió el juez Mendoza en la decisión. “Una conclusión sobre el salario predominante más bajo va en beneficio de sus intereses financieros. Aún considerando las razones [del USDOL] para no exigir la encuesta a los trabajadores, el Tribunal no puede subestimar la importancia de la encuesta como un chequeo a los empleadores.”
Si los resultados de la encuesta se hubieran mantenido, los salarios de los trabajadores agrícolas se hubieran reducido entre un 25% y más de un 130%, dependiendo del cultivo.
La unión de trabajadores agrícolas Familias Unidas por la Justicia, AFL-CIO (FUJ) presentó la demanda junto con uno de los miembros de la unión, Ramon Torres Hernandez. “Estamos muy contentos con la orden del juez que protege los salarios de los campesinos que trabajan duro en el campo arriesgando sus vidas durante una pandemia”, dijo Ramón Barba Torres, Presidente de la FUJ. “Si el Sr. Torres Hernández recibiera el salario mínimo en lugar del salario a destajo, perdería más de 3,400 dólares cada año.” Torres Hernandez y la FUJ pidieron una ayuda inmediata porque los agricultores ya están contratando a miles de trabajadores extranjeros H-2A para las cosechas de cerezas y manzanas de 2021 en Washington.
Desde hace años, al Presidente Torres de la FUJ le preocupa que los agricultores puedan estar manipulando la encuesta para rebajar los salarios de miles de trabajadores vulnerables H-2A, así como de los trabajadores agrícolas locales. “Los rancheros pueden conseguir que los trabajadores H 2A trabajen más rápido sin el incentivo de un salario mayor porque su visa les ata a un solo empleador y no pueden buscar mejores salarios o condiciones de trabajo en un huerto vecino”, dijo el presidente Torres. “Si los rancheros hubieran podido contratar a trabajadores H-2A para piscar la fruta con un salario mínimo por hora, los salarios de todos los trabajadores – incluso los trabajadores locales – hubieran bajado.”
“Esta es una gran victoria inicial para los trabajadores agrícolas,” dijo Andrea Schmitt de Servicios Legales Columbia, una de las abogadas que representan a los demandantes. “Esperamos trabajar con el USDOL para poner en marcha una encuesta justa que proteja los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas y respete plenamente a los trabajadores agrícolas y su derecho a participar como socios iguales para determinar esos salarios.”
Kathy Barnard del bufete Barnard Iglitzin & Lavitt LLP también representó a FUJ en este caso.
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