La semana pasada, el Juez Dave Needy del Tribunal Superior del Condado de Skagit continuó la supervisión del tribunal en cuanto a la obligación estatal de proteger a los trabajadores agrícolas del COVID-19 en el caso de Familias Unidas por la Justicia y United Farm Workers v. Departmento de Labor e Industrias y el Departamento de Salud. En una audiencia previa celebrada el 1 de mayo, el juez dijo que consideraría ordenar al estado que actúe en la audiencia de revisión de hoy si no ve una mejora en las protecciones de los trabajadores agrícolas por parte del estado de Washington durante esta crisis.
El miércoles pasado, el Departamento de Labor e Industrias y el Departamento de Salud emitieron reglas de emergencia concerniendo la vivienda de los trabajadores agrícolas. El estado también declaró en una presentación ante el tribunal que el Gobernador de Washington Jay Inslee tenía la intención de emitir requisitos para la seguridad contra el COVID-19 en el transporte y lugares de trabajo agrícola. En lugar de dictar un fallo en el caso, el juez dejó el caso abierto, diciendo que quería evitar que los sindicatos tuvieran que volver a presentarlo si el Estado no actuaba.
“Estamos observando,” dijo Ramon Torres, Presidente de Familias Unidas por la Justicia. “Necesitamos requisitos claros de transporte y en el lugar de trabajo inmediatamente, y necesitamos que el Estado haga cumplir estrictamente las normas de vivienda. Los trabajadores agrícolas harán responsable al Estado.”
Familias Unidas y el personal de Community to Community Development están en el lugar en el valle de Yakima hoy día, donde trabajadores en seis plantas empacadoras están en huelga, protestando condiciones de trabajo inseguras y la falta de pago por riesgo. El condado de Yakima tiene ahora la tasa de infección más alta de un solo condado en la Costa Oeste, según el informe del Yakima Herald-Republic. El estado ha afirmado que la próxima orden del Gobernador incluirá normas para las operaciones de empacadoras de frutas.
“Las normas de vivienda todavía no van lo suficientemente lejos,” dijo Rosalinda Guillen, Directora Ejecutiva de Community to Community Development, organización de defensa de derechos laborales para los trabajadores agrícolas en Bellingham. “A pesar de haber presentado la ciencia sobre el riesgo, y a pesar de las docenas de comentarios públicos en contra, el estado sigue permitiendo que los trabajadores duerman en camarotes. Las agencias estatales han elegido arriesgar las vidas de los trabajadores agrícolas por los intereses económicos de los productores agrícolas corporativos.”
“Este caso judicial ha hecho avanzar la protección de los trabajadores,” dijo Andrea Schmitt, abogada con Servicios Legales, quien representa a Familias Unidas por la Justicia en el caso. “Cuando nuestros clientes contactaron al estado por primera vez sobre la inminente crisis de los trabajadores agrícolas en medios de marzo, el estado no tenía un plan para escribir normas para la agricultura. Gracias a la presión de los trabajadores agrícolas y sus defensores, esta demanda, y la supervisión de la corte, por fin tenemos algún reconocimiento de que la salud de los trabajadores – y el suministro de alimentos para todos – están en peligro.”
Familias Unidas esta representado en el caso por Servicios Legales Columbia y Bernard Iglitzin & Lavitt LLP.
Contactos
Andrea Schmitt, Abogada CLS
360-943-6260 X203, andrea.schmitt@columbialegal.org
Charlie McAteer, Comunicaciones CLS
917-696-1321, charlie.mcateer@columbialegal.org
Recent Comments