Hoy concluye la primera semana de la sesión legislativa de 2024. Nuestros legisladores están considerando muchas medidas importantes de equidad racial y económica durante la sesión de 60 días de este año y CLS está trabajando para aprovecharla al máximo. Con nuestros socios comunitarios, nos estamos centrando en los siguientes proyectos de ley para promover la justicia en Washington y les mantendremos informados a lo largo de la sesión.

Luchando por la comunicación libre entre las personas encarceladas y sus familias. (SB 6021)
Las personas encarceladas necesitan hacer llamadas telefónicas y utilizar el correo electrónico para mantenerse en contacto con sus familias. El mantenimiento de relaciones sólidas con personas fuera de la cárcel aumenta las posibilidades de que una persona se reincorpore con éxito tras su puesta en libertad. Sin embargo, el elevado costo de las llamadas telefónicas y los mensajes de correo electrónico -una de las muchas injusticias económicas en la prisión- limita enormemente la capacidad de las personas para mantenerse conectadas y compartir información. El Departamento Correccional de Washington (DOC) contrata a la empresa privada Securus Technologies para que preste todos los servicios de llamadas telefónicas y correo electrónico a las personas detenidas. Movida por los beneficios (que comparte con el DOC), Securus cobra tarifas elevadísimas por conectar a las personas encarceladas con las que están fuera, incluso para hablar con sus propios hijos. CLS está trabajando con una coalición para que las llamadas telefónicas y los mensajes de correo electrónico en las cárceles de Washington sean gratuitos. ¡El proyecto de ley SB 6021 está programado para una audiencia el 16 de enero! Manténgase informado.

Protegiendo los salarios de los trabajadores agrícolas a través de mejores datos. (SB 5996/HB 2226)
Cada año, más de 30,000 personas procedentes de México y Centroamérica llegan al estado de Washington con visas H-2A para trabajar en granjas. Los empleadores que utilizan el programa de visas agrícolas temporales H-2A tienen la obligación de pagar a sus empleados -ya sean trabajadores H-2A o trabajadores locales- salarios iguales a los del mercado laboral abierto. Este requisito intenta evitar que los empresarios paguen lo menos posible a los trabajadores de otros países y hagan bajar los salarios de todos los trabajadores. Sin embargo, entre los numerosos problemas relacionados con el programa H-2A, el proceso para determinar el “salario prevaleciente” se basa totalmente en la información proporcionada por los empleadores y ha dado lugar a salarios de cosecha entre un 20% y un 50% más bajos que la tarifa real del mercado. Tenemos que incluir a los trabajadores agrícolas – no sólo a sus empleadores – en la encuesta salarial recopilada por el Departamento de Seguridad de Empleo del Estado de Washington (ESD). Este proyecto de ley mejoraría la encuesta salarial de los trabajadores H-2A y permitiría al ESD recopilar más datos sobre el número real y la ubicación de los trabajadores en Washington con visa H-2A.

Protegiendo los derechos de las personas que se albergan en sus vehículos. (El número del proyecto de ley aún no se ha determinado)
A medida que se agrava la crisis de las personas sin hogar, más y más personas se ven obligadas a vivir en sus vehículos. Steven Long, un cliente de CLS, vivía en su camión cuando la ciudad de Seattle se lo confiscó, privándole de su refugio y de las herramientas que necesitaba para trabajar. No pudo pagar los $547 dólares de multa necesarios para evitar que su camión fuera subastado y lo perdió para siempre. En una decisión histórica de 2021, el Tribunal Supremo de Washington se puso de parte del Sr. Long y afirmó que la Constitución prohíbe las multas que privan a las personas de sus medios de vida. El Tribunal también declaró que la Ley de Homestead de Washington protege los vehículos utilizados como residencia principal contra la venta forzosa. Lamentablemente, los tribunales de todo el estado siguen imponiendo multas que las personas que viven en sus vehículos no pueden pagar, con el resultado de que sus viviendas son subastadas ilegalmente. CLS procura codificar lo establecido en el caso Long para garantizar que los derechos de las personas que se refugian en sus vehículos estén protegidos como exige la ley.

Apoyando la equidad de los inmigrantes en los programas estatales. 
El año pasado, la legislatura financió la cobertura de atención médica para las personas en Washington que no pueden acceder a Medicaid debido a su estatus migratorio. Fue un gran avance, pero la financiación no fue suficiente para dar cobertura a todas las personas con derecho a recibirla en Washington. Este año, estamos buscando financiación para dar cobertura a más personas que reúnan los requisitos, y un plan para dar cobertura a todos los ciudadanos de Washington que reúnan los requisitos en el futuro. También seguimos presionando para conseguir un seguro de desempleo financiado por el estado para los trabajadores de Washington que no tienen derecho al seguro de desempleo federal debido a su situación migratoria (SB 5109/HB 1095). Pediremos a los comités legislativos fiscales que estudien cómo financiar de forma justa un programa de este tipo, y que tengan en cuenta cuánto pagan ya los empleadores al sistema de desempleo por los trabajadores que no pueden acceder a él.

Protegiendo a los inquilinos contra las prácticas desleales y engañosas de los propietarios (HB 2114/SB 5961)
La Ley de Protección del Consumidor es una herramienta poderosa para los consumidores de Washington que se han visto perjudicados por prácticas comerciales desleales o engañosas. Pero los inquilinos que se han visto perjudicados por las prácticas comerciales de sus caseros no pueden hacer uso de esa herramienta, porque los caseros no están sujetos a las leyes de protección al consumidor de Washington. Cuando los caseros cobran cuotas que no están incluidas en un contrato de alquiler, niegan injustamente la devolución de los depósitos de seguridad o aumentan el alquiler de repente y sin el debido aviso, pueden poner a los inquilinos con bajos ingresos en riesgo de perder su vivienda. Estos proyectos de ley garantizan que los inquilinos puedan ejercer sus derechos a oponerse a estas prácticas desleales y engañosas, ampliando el alcance de la Ley de Protección de los Consumidores para cubrir aspectos importantes de la relación entre propietario e inquilino.

Promoviendo la supervisión de las cárceles locales. (SB 6189)
Columbia Legal Services ha abogado durante mucho tiempo para proteger la dignidad, la seguridad y los derechos de las personas detenidas en las cárceles de todo Washington. Nuestro informe de 2019, “Gone But Not Forgotten” (Desaparecidos pero no olvidados), expuso el alto número de muertes en las cárceles de Washington durante un período de 10 años e instó a una mejor supervisión y requisitos de presentación de informes para las cárceles estatales como una medida para salvar vidas. Ahora, junto con el Grupo de Trabajo Legislativo Conjunto sobre Normas Penitenciarias (Joint Legislative Task Force on Jail Standards), estamos pidiendo a la legislatura que garantice que la salud, la seguridad y la dignidad de las personas en las cárceles de Washington sean monitoreadas y protegidas por una agencia de supervisión independiente. Este proyecto de ley codificaría las recomendaciones del grupo de trabajo y crearía una recopilación de datos coherente y uniforme para aumentar la transparencia y la responsabilidad en el funcionamiento de las cárceles locales.

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